Los resultados de las dos vueltas electorales de octubre y noviembre en la República han determinado, como es notorio, una alternancia de partidos en el gobierno nacional (Parlamento y Ejecutivo), circunstancia que domina la fase transicional que se extenderá hasta el 15 de febrero y el 1 de marzo del año próximo, respectivamente. Por más de dos meses y medio, si se cuenta la transición desde la proclamación por la Corte Electoral de Luis Lacalle Pou como Presidente electo hasta su asunción del cargo, precedida por la instalación de la nueva Asamblea General, existen en Uruguay dos gobiernos, marcados con signos muy diferentes: uno saliendo y otro entrando en tanto actores antagónicos, uno unitario (en algún sentido muy laxo) y otro coalicional, uno electoralmente vencido y otro vencedor en ese terreno. La larga, anacrónicamente larga transición uruguaya es, por todas estas diferencias,  más tensa y riesgosa que otras anteriores.

No es riesgosa en lo institucional, como se viene destacando en las últimas semanas, por participantes y observadores nacionales y extranjeros. La sustitución de una formación gobernante por otra netamente distinta no hace temblar los marcos constitucionales de la alternancia y eso ocurre por la solidez del arbitraje electoral que el país montó entre 1916 y 1925. La transición depara, en cambio, peligros y amenazas en cuanto a las conductas políticas efectivas de las dos partes que protagonizan la coyuntura.  ¿Serán buenos perdedores unos? ¿Exhibirán los otros idoneidad propiamente gubernativa, a la altura de los graves problemas que urgen desde ya a la oposición triunfante?

Esas dos interrogantes surgen con bastante claridad de casi todos los sectores de la ciudadanía y no han faltado en los análisis más ponderados de los expertos y los comunicadores especializados. Cada una de ellas apunta, en nuestra opinión, a una de las dos novedades principales que ofrece esta transición veraniega. Las abordaremos en orden inverso al de su enunciación.

1.- La formación de la Coalición Multicolor fue tan temprana que remonta a la noche misma de la primera vuelta, cuando los cuatro candidatos presidenciales opositores que no pasaban al balotaje manifestaron desde sus respectivas sedes y ante todas las cámaras y micrófonos que respaldaban desde entonces a Lacalle Pou en la pugna con Martínez por la Presidencia de la República. Por esas horas, se sabía que la oposición reunida superaba holgadamente al Frente Amplio en bancas de representantes y senadores y que, sumados los sufragios opositores de la primera vuelta, la instancia del balotaje se iniciaba con amplia ventaja del candidato nacionalista sobre el candidato frenteamplista.

La Coalición se beneficiaba, por su pronto establecimiento, de esas dos certidumbres, que entraban ya a influir aquella pugna (y sin cuya influencia, como sabemos ahora, el resultado de la segunda vuelta pudo ser otro). Ese ritmo político es nuevo en el Uruguay y denota un segundo cambio de estilo: la previsión, la anticipación a los acontecimientos y los escenarios. Es obvio que la Coalición fue un dato para todos los ciudadanos en la noche de la primera vuelta porque no sólo estaba prevista sino que estaba admitida, compartida, negociada. Dos hechos posteriores confirmarían la capacidad anticipatoria del nuevo actor. Nos referimos a la rápida elaboración de un significativo programa común de reformas y rectificación de rumbos, por un lado, y a la sorprendentemente temprana formación de un gabinete ministerial de relieve, por otro.

Este segundo hecho debe subrayarse enfáticamente, ya que no indica sólo  la aceleración del ritmo político sino también la puesta en práctica de una innovación absoluta en la fase gubernamental de la actividad política uruguaya. Esa innovación consiste en que la formación que gobernará desde febrero-marzo ha creado ya un shadow cabinet, un gabinete-sombra. Que, como salta a la vista, se halla en pleno funcionamiento.

El gabinete-sombra es, como se sabe, una institución angular del régimen británico, con homólogos en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Representa la contrapartida del gabinete, completa, personalizada y absolutamente pública (de allí que traduzcamos shadow cabinet por gabinete-sombra y no por gabinete-en-las-sombras, pues es manifiesto, conocido por todos, accesible a todos los requerimientos de los medios y las agrupaciones cívicas). Pronunciándose sobre cada punto de la agenda del ministro en funciones, levanta la alternativa que ofrece la Leal Oposición de su Majestad, nombre constitucional del partido o coalición que podría sustituir al gobierno actual, elecciones mediante. Este dualismo gubernamental estructurado nos parece trascendente y sabio.

Los ministros-sombras, al ser los voceros eminentes de la alternativa en el Parlamento, critican e interpelan a los miembros del gabinete, pero también gravitan sobre la agenda ejecutiva y sobre los focos de atención de la sociedad civil y el cuerpo electoral. Todo ello arroja precondiciones mucho más refinadas para la gestión gubernativa y para las definiciones de los votantes.

La Coalición Multicolor no ha trasladado in totum el antecedente británico. Entre otras cosas, porque nuestro gabinete-sombra sólo operará por algo menos de tres meses, ya iniciados con definiciones diarias, como todos podemos ver. Así y todo, creemos que se trata de una experiencia bienvenida. Primero, porque significa mucho más que “calentar motores”, significa ajustar el funcionamiento del equipo, presionar notablemente para llegar más informados, fortalecer a los ministros designados en sus cruciales interrelaciones con los salientes. Y quién sabe si, de mostrar eficacia y conveniencia, esta sorpresa no generará una pauta permanente,

2.- La respuesta sobre si será el Frente Amplio buen o mal perdedor se encuentra en curso de paulatina determinación. El Presidente Vázquez ha fijado una tónica de serenidad y lealtad, mediante gestos como reconocer la victoria de Lacalle Pou varios días antes que Martínez, ofrecer al Presidente electo un condigno despacho en la Torre Ejecutiva o asistir con quien lo sucederá en el cargo a la toma de posesión del nuevo Presidente argentino, Alberto Fernández.

No toda la orquesta, sin embargo, se ha ceñido a aquella tónica. Hay ministros salientes que sí y otros que no. El primer Plenario frenteamplista reunido tras las votaciones acogió más expresiones de resentimiento y revanchismo que de reflexión y autocrítica. Lo curioso es que el propio Presidente Vázquez ha desafinado, al sumarse ocasionalmente a los instrumentistas.

Lo hizo en el asunto de los ajustes anuales de tarifas públicas. Y lo hace al sugerir disposiciones que pudieran introducirse en la Ley de Urgente Consideración que prepara el gobierno entrante. Esas disposiciones, en efecto, tendrían que ver con la limitación, por vía de ley interpretativa de la Constitución, de ciertas prestaciones del Fondo Nacional de Recursos y con la construcción de un reservorio de agua potable para la zona sur del territorio nacional, en el arroyo Casupá.

La primera de esas dos iniciativas ostenta todas las características de un presente griego, como el que precipitó la caída de Troya. Se trata de una limitación insolidaria, incompatible con el texto constitucional que se dice interpretar, ya rechazada por el Parlamento al inicio de la presente administración. Lacalle debería agradecer la propuesta, desestimar su contenido y procurar una solución sensible y constitucional al problema de los medicamentos de alto costo.

Lo poco convincente de la segunda sugerencia consiste en que la construcción de la represa que originaría el mencionado reservorio demandaría, según el propio Presidente en funciones, una inversión superior a los cien millones de dólares, que él propone financiar con cargo a rentas generales… ¿Ignora el oficioso colaborador del nuevo gobierno el estado financiero del país que deja a su sucesor?